Noticias

El problema del “reetiquetado” de importación frente al consumidor

Publicado por

Entra en vigor la norma europea sobre etiquetado del origen de los alimentos

El objetivo es evitar información engañosa o que pueda inducir a error a los consumidores en el etiquetado de los alimentos.  Se ofrecen varias opciones a través del empleo de una de estas tres indicaciones:

  • UE.
  • Fuera de la UE.
  • Mix: UE y fuera de la UE.

El nuevo etiquetado del origen de los alimentos que obliga a mencionar la zona de procedencia del ingrediente primario de un producto cuando no coincida con el del alimento del que forma parte ha entrado en vigor en la Unión Europea.

Según la nueva norma, las marcas de identificación que acompañan al alimento no se consideran una indicación del país de origen o el lugar de procedencia. De hecho la UE considera que los consumidores no asocian con el origen de un alimento expresiones como “envasado en” por lo que en ese caso sale de la norma y, sin embargo, en el etiquetado sí tendrán que indicar el origen del ingrediente primario los que usen la fórmula “hecho en” o “producido en”.

Según publica eldiario.es, Andalucía abre seis expedientes a comercializadoras por vender frutas y verduras de Marruecos como si fueran de Almería

La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía está investigando desde 2020 a seis empresas comercializadoras que, tras abaratar costes al importar las frutas y verduras desde Marruecos, las vendían a precio español. El modus operandi consistía en, una vez llegados los productos a las naves de las Almería, se cambiaban de caja y se etiquetaban como producidos en España. Las inspecciones y expedientes abiertos por “irregularidades” es un proceso que dura unos diez meses y que contempla multan desde 4.000 euros a tres millones de euros, según la gravedad de la infracción, lo que en la mayoría de las ocasiones no suponer gran problema para estas redes comercializadoras.

Alberto Chicote recoge la denuncia de agricultores que llevan años luchando contra el reetiquetado de productos hortofrutícolas de terceros países para darles la denominación de origen España. Según los agricultores, a puerta cerrada, en las naves de las empresas, se arrancan etiquetas de productos procedentes de Marruecos para colocar etiquetas de la huerta de Almería sin ningún control rompiendo de cuajo la trazabilidad del producto. Todo por tener más margen económico.

Agricultura Viva en Acción de Almería es una de las cooperativas más activa en la lucha contra estas prácticas fraudulentas. “El reetiquetado se hace masivamente en Almería, aunque desde las denuncias toman más cautelas. Los camiones llegan de Marruecos y van precintados con destino a Francia, por ejemplo. En Almería rompen el precinto internacional y se cambian de caja, se reetiquetan y ya está, poniéndoles también precio español”, explica David Sánchez, abogado de la cooperativa, a eldiario.es.

Si en el reportaje de Chicote se hablaba del inicio de la investigación de seis empresas ubicadas en Almería que supuestamente llevan a la práctica este fraude, hace una semana la Junta de Andalucía señalaba que habían llevado a cabo 400 inspecciones contra el reetiquetado incluso durante los meses del estado de alarma por el coronavirus y pese a reducirse la entrada de productos a causa de las restricciones provocadas por la pandemia.

En Francia investigan a un mayorista por vender hortalizas españolas como si fueran francesas

La Prefectura de la región francesa de Bouches-du-Rhône, con sede en Marsella (Francia), ha informado de que está investigando a un mayorista de frutas y verduras, por haber vendido hortalizas procedentes de España como si hubieran sido cultivadas en Francia. Se trata de una estafa que consiste en la compra previa de productos en el extranjero -a menudo a bajo precio- para luego revenderlos con un etiquetado francés.

La investigación contempla que el mayorista acondicionara ciertas verduras en mallas y las etiquetara como si procedieran de Francia, para así poder obtener un mayor beneficio teniendo en cuenta las diferencias de precios y temporalidad de estos productos entre ambos países.

En Francia esta práctica irregular constituye un delito que alcanza hasta dos años de prisión y una multa de 300.000 euros.