El Real Decreto de Envases y Residuos, actualmente en tramitación en España, puede suponer un impacto de 5.000 millones de euros para la industria alimentaria, según ha precisado el director general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Jornada «Economía Circular. Implicaciones de la ley de residuos y del proyecto de Real Decreto de Envases en la industria de la alimentación y bebidas», que se ha celebrado en Madrid. En este foro se ha analizado el escenario legislativo en España y la Unión Europea, que prevé publicar el próximo mes su directiva de residuos de envases con el objetivo básico de reducirlos.
Según los datos facilitados por la Comisión Europea:
Cada ciudadano desecha 177 kilos de envases al año, lo que supone medio kilo al día.
García de Quevedo ha insistido en la apuesta de los fabricantes alimentarios desde hace décadas por cumplir «compromisos voluntarios» en materia de sostenibilidad. Ha subrayado que se han acogido a las normativas europeas en esta materia, si bien ha vaticinado que el nuevo real decreto de envases y residuos de «va a generar dificultades».
Ha llamado la atención sobre problemas para su aplicación como la dificultad técnica de encontrar suficiente plástico RPET y su imposibilidad de usarlo en contacto con los alimentos, en función de las normativas de seguridad alimentaria.
De Quevedo, quien ha insistido en el compromiso de este sector con la sostenibilidad y la economía circular, ha recordado que el impacto del real decreto se suma a los 690 millones de euros derivados del impuesto al plástico y de otros 1.150 por la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor que se incorporan en la ley de residuos, ya en vigor.
En este sentido, desde la patronal de la industria alimentaria han vuelto a insistir en su petición al Gobierno de prorrogar un año la aplicación de esta tasa, para ser «sensibles» al momento económico de las empresas, con los costes energéticos y la inflación disparados. Esta realidad «va a dificultar la competencia», ha afirmado el director de la FIAB, tras reclamar «flexiblidad» en la aplicación de todas estas medidas por el contexto económico y social.
La subdirectora general de Economía Circular del Miterd, Margarita Ruiz Sáiz-Aja, ha desgranado el contenido de este real decreto y ha llamado la atención sobre algunos aspectos que se han modificado en relación con el proyecto que salió a exposición pública, en línea de ser “permeable” con las peticiones de los sectores implicados, como el alimentario.
El objetivo de venta a granel en el 50% de la superficie de más de 400 metros ha pasado al 20% y siempre que pese menos de 1,5 kilos y se trate de frutas y verduras que no sufran deterioro. Se establece, además, un periodo de cuatro meses para que los comercios se adapten.
A juicio de Ruiz Sáiz-Aja, este real decreto era “necesario” para trasponer toda la directiva comunitaria e incorporar matices en la responsabilidad ampliada del productor que se incluía en la ley de residuos que ya está en vigor. Por su parte, el europarlamentario socialista César Luena ha abierto la puerta a las aportaciones del sector en el desarrollo de medidas legislativas como la de envases, previsto para el próximo mes. Luena ha destacado el importante grado de compromiso con la economía circular por parte de la Unión Europea, un objetivo necesario ante la crisis climática en el que la “responsabilidad está mezclada”.
El informe ‘La sostenibilidad y el consumidor 2022’, elaborado por Drapers en colaboración con Smurfit Kappa, demuestra la creciente preocupación de los usuarios por el cambio climático y la protección del medioambiente está influyendo en sus decisiones de compra de moda, a pesar de la inestabilidad existente en la actualidad.
No en vano, esta investigación se ha realizado en un contexto marcado por los problemas de las cadenas de suministro, el aumento de la inflación y la actual guerra en Ucrania. Un panorama que no ha influido en la apuesta por la sostenibilidad de dos tercios de las personas encuestadas. Además, más de un tercio asegura que ha comprado un producto por la sostenibilidad de su embalaje.
Asimismo, la reciclabilidad de las cajas se presenta como otro de los factores importantes para los consumidores a la hora de evaluar el impacto medioambiental de la moda: el 65% de los encuestados confirma que saber que el embalaje es reciclado es esencial, mientras que un 42% avala el uso de material reciclado en el packaging y el 49% considera el exceso de embalaje como algo negativo, sobre todo en eCommerce.
Sin embargo, pese a que los consumidores muestran mayor interés por el embalaje sostenible, las ganas de pagar por él no están tan claras: el informe revela que poco más de la mitad de los encuestados (51%) cree que el packaging sostenible no debería tener coste alguno. Por edades, la franja más joven (18-24 años) es la que más dispuesta está a pagar por él (64%), mientras que la de mayor edad (55-60 años) no está de acuerdo en pagar un precio adicional vinculado al embalaje sostenible (65%), ya que cree que ese coste debe asumirlo el minorista.
Todos estos datos corroboran de forma clara que la sostenibilidad ha llegado para quedarse. De hecho, el 77% de los encuestados la tiene actualmente muy en cuenta a la hora de comprar moda. Un porcentaje ligeramente superior al obtenido en 2021, que fue del 75%. No obstante, los consumidores siguen dando también prioridad a otros aspectos cuando se plantean comprar de forma ética, como son el precio y la calidad.
